Investigan una presunta red de explotación vinculada a la subrogación de vientres en Córdoba
La Justicia Federal procesó al director de una clínica de fertilidad, a un abogado y a una administrativa en una causa por presunta trata de personas. La investigación apunta a maniobras con mujeres en situación de vulnerabilidad captadas para gestaciones subrogadas.
La Justicia Federal de Córdoba procesó al director de la clínica Fecundart, José Pérez Alzaa, junto al abogado Nicolás Gigena y la administrativa Paula Liendo, en el marco de una investigación por presunta trata de personas vinculada a la maternidad subrogada.
La causa está a cargo del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien sostuvo que “la instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro” puede constituir una modalidad de servidumbre.
Según la investigación, las maniobras habrían incluido la captación de mujeres en situaciones económicas vulnerables —muchas de ellas desempleadas o con hijos a cargo— mediante la base de datos de donantes de óvulos de la clínica.
Además, la Justicia sospecha que se realizaron transferencias embrionarias sin autorización judicial previa, lo que habría buscado evitar controles sobre el consentimiento de las gestantes.
El fiscal federal Carlos Gonela explicó que la subrogación de vientre no es ilegal en Argentina, pero advirtió que el problema aparece cuando existen intermediarios que obtienen beneficios económicos aprovechándose de mujeres en situación de vulnerabilidad.
“El problema está en los intermediarios que cobran por unir las dos partes”, señaló Gonela.
La investigación comenzó tras una denuncia anónima realizada a la Línea 145 y derivó en un expediente de más de 200 páginas, donde se detalla cómo las mujeres involucradas habrían sido sometidas a explotación bajo un contexto de necesidad económica y falta de protección legal.
Actualmente, en Argentina la maternidad subrogada no cuenta con una regulación específica a nivel nacional. Aunque no está prohibida, requiere autorización judicial previa y no puede implicar pagos o fines comerciales.
