Procrear: El Gobierno disuelve el programa y transfiere los créditos
Por decisión del Ministerio de Economía, el programa Pro.Cre.Ar dejará de existir como fondo público y su administración pasará al Banco Hipotecario.
El Gobierno nacional oficializó la disolución del programa Pro.Cre.Ar, mediante la Resolución 764/2025 publicada en el Boletín Oficial, cumpliendo con lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, que ya había anticipado el cierre del Fondo Fiduciario Público de Créditos para la Vivienda.
El plan, que en su momento fue una herramienta clave para el acceso a la vivienda, pasa ahora a manos privadas. La administración de los créditos ya otorgados será gestionada por el Banco Hipotecario S.A., bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato original de fideicomiso de 2012.
¿Por qué se disuelve el Procrear?
Según los fundamentos del decreto, el programa se había transformado en una «pesada carga» para las cuentas públicas. También se señalaron dificultades en la fiscalización, demoras en la entrega de viviendas, incumplimientos de convenios, y problemas en la calidad de las unidades adjudicadas.
Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó una gestión ineficiente y poco transparente, sumado a gastos innecesarios por mantenimiento y vigilancia de obras inconclusas.
La medida se enmarca en la Ley 27.742 de emergencia pública, que faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar o eliminar fondos fiduciarios para mejorar el funcionamiento del Estado y reducir el gasto público.
¿Qué pasa con los créditos otorgados?
Aunque el fondo se disuelve, los beneficiarios seguirán pagando sus créditos con normalidad, pero bajo la gestión del Banco Hipotecario. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial supervisará el proceso, e instruirá al banco a realizar la transferencia de fondos y, en algunos casos, la venta de carteras de créditos con bajo rendimiento.
Además, el Ministerio de Economía quedará a cargo de administrar los bienes inmuebles del programa, pudiendo transferirlos a provincias, municipios o a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), según el caso.
Las obligaciones económicas pendientes se cancelarán con la recaudación de los créditos o mediante la venta de inmuebles, siguiendo el orden de prelación establecido.
