Río de Janeiro en vilo: la ofensiva contra el Comando Vermelho desata una ola de violencia
Un operativo masivo contra la facción narco más poderosa de Río dejó decenas de muertos y volvió a poner en evidencia la convivencia —y el choque— entre narcotraficantes, milicias paramilitares y fuerzas de seguridad en amplias zonas de la ciudad.
La mayoría de los enfrentamientos armados ocurrió en áreas de vegetación densa, lejos de las viviendas civiles (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Río de Janeiro vive una nueva crisis de seguridad luego de un megaoperativo dirigido contra el Comando Vermelho (CV), la principal organización dedicada al tráfico de drogas en la ciudad. La intervención, planificada durante semanas y ejecutada con un importante despliegue de fuerzas especiales, terminó con un saldo letal que, según versiones oficiales, supera el centenar de fallecidos y convierte al hecho en uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente carioca.
La operación buscaba desarticular células y detener a líderes del CV en complejos como el Alemão y Penha, pero los enfrentamientos se extendieron a zonas de vegetación y bosques aledaños, donde se produjeron los choques más intensos. Las autoridades defendieron la táctica de “corrimiento” hacia áreas despobladas para minimizar el riesgo para civiles; sin embargo, residentes y organizaciones de derechos humanos cuestionan la magnitud del uso de la fuerza y exigen investigaciones independientes sobre las muertes.
La crisis confirma una realidad estructural: Río no es una ciudad unificada, sino un mapa de feudos. Por un lado están las facciones narco —encabezadas históricamente por el CV— que reclutan en barrios marginados y mantienen códigos violentos y control territorial; por el otro, las milicias formadas por exagentes de seguridad que, bajo la apariencia de “orden”, gestionan negocios ilegales y servicios básicos a cambio de pagos obligatorios. Ambas dinámicas han llevado a que millones de habitantes vivan sometidos a lógicas de miedo y control informal.
Analistas señalan que la fragmentación territorial y la corrupción dentro de las fuerzas estatales complican la posibilidad de una solución sostenida: operativos puntuales pueden golpear estructuras, pero no logran una ocupación permanente ni desmontan las redes de complicidad que permiten el tráfico de armas, la impunidad y la infiltración política. Casos emblemáticos —como el asesinato de la concejal Marielle Franco y los arrestos de figuras vinculadas a milicias— ilustran hasta qué punto los vínculos entre crimen y poder son un obstáculo para la pacificación.
Mientras la Fiscalía, organismos de derechos humanos y la propia policía prometen peritajes y auditorías sobre lo ocurrido, los vecinos siguen recuperándose del impacto: cadáveres en áreas forestales, barrios con presencia militar y la incertidumbre de qué grupo controlará cada cuadra. El desenlace de esta ofensiva no sólo determinará el equilibrio entre facciones locales, sino también el debate público sobre el uso de la fuerza, la rendición de cuentas y el rol del Estado en las periferias de Río de Janeiro.
