Sin celulares ni planes: el Gobierno endurece las reglas en las cárceles
El Gobierno dio un giro en la política penitenciaria con una consigna tajante: “El que no hace nada, no cobra”. Así lo comunicó Manuel Adorni al anunciar la prohibición del uso de celulares y la eliminación de planes sociales para presos.
El mensaje es claro: se terminó el tiempo de los beneficios. La decisión es parte del plan Ocio Cero, una estrategia del Ejecutivo que apunta a eliminar lo que considera privilegios dentro de las cárceles.
La medida llega en sintonía con declaraciones previas de Patricia Bullrich, quien defendió la idea de que los internos deben “ganarse” su estadía con trabajo. A partir de ahora, solo una pequeña fracción de los presos podrá acceder a tareas formales y remuneradas; el resto deberá colaborar con la limpieza básica de las instalaciones, sin recibir pago.
El Gobierno también avanza en el bloqueo total de teléfonos celulares en las cárceles. El objetivo, según fuentes oficiales, es cortar vínculos con el exterior que podrían ser usados para coordinar delitos desde adentro.
La cárcel como espacio de disciplina
El enfoque oficial combina control y trabajo obligatorio como ejes centrales de la política penitenciaria. La narrativa del Ejecutivo es clara: nada de ocio, nada de beneficios, nada de “premios” por estar preso.
Para algunos, esta línea refuerza una visión punitiva y disciplinaria del encierro. Para otros, representa un intento de ordenar un sistema colapsado. Lo cierto es que la cárcel, según esta nueva lógica, deja de ser un espacio de espera y se convierte en un lugar de exigencia productiva.
