Detuvieron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado
El empresario, al frente de HLB Pharma, se entregó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras la orden del juez federal Ernesto Kreplak. Está acusado por las muertes de al menos 96 pacientes vinculadas al suministro de medicamentos adulterados.
Cien días después del inicio de la investigación por las muertes ocasionadas por fentanilo contaminado, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma. El empresario de 49 años se entregó en las últimas horas a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La medida alcanzó también a otras nueve personas, entre ellos familiares y directivos de las firmas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Todos quedaron detenidos tras una serie de operativos realizados en domicilios particulares y sedes comerciales.
García Furfaro y sus allegados están acusados de graves irregularidades en la producción de medicamentos, en particular de los lotes de fentanilo que provocaron infecciones fatales en pacientes internados en distintos hospitales del país. Según los informes del ANLIS-Malbrán, las bacterias halladas en los enfermos coincidían de manera genética con las que contaminaban las ampollas producidas por la farmacéutica.
El juez Kreplak tomó la decisión tras recibir pericias que confirmaron un “nexo concausal” entre las muertes y los medicamentos elaborados por el laboratorio. La causa ya investiga al menos 96 fallecimientos, aunque se sospecha que el número podría ser aún mayor.
Entre los detenidos figuran los hermanos y la madre de García Furfaro, además de directivos técnicos y comerciales de las compañías involucradas. También quedaron imputados accionistas de Laboratorios Ramallo y responsables de la droguería Alpharma, vinculada al mismo grupo empresario.
El caso tuvo fuerte repercusión política en los últimos días. Incluso el presidente Javier Milei había reclamado públicamente la detención de García Furfaro, lo que generó tensiones con el magistrado, quien le recordó la obligación de no interferir en una causa judicial en curso.
Mientras tanto, la investigación continúa. La justicia analiza responsabilidades por incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y la posibilidad de que existiera dolo eventual en la producción de los medicamentos contaminados.
