La provincia de Córdoba refuerza las fronteras con Santa Fe por un eventual “derrame” narco
Tras la decisión del Gobierno nacional de “saturar” de fuerzas de seguridad la ciudad de Rosario podría tener como consecuencia un “derrame narco” hacia la provincia de Córdoba, en búsqueda de nuevos mercados. Con esta hipótesis de conflicto sobre la mesa, los fiscales generales Juan Manuel Delgado (provincial) y Alberto Lozada (federal) aseguraron a La Voz que las fronteras fueron “reforzadas”, y que la coordinación entre ambas jurisdicciones será clave.
“Cuando las fuerzas federales refuercen la presencia en la provincia de Santa Fe, con particular énfasis en Rosario, es muy probable que acciones de narcotráfico se trasladen hacia otras provincias, Córdoba entre ellas”, dice Alberto Lozada, el fiscal que actúa ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, quien reconoce que ve con “preocupación” la situación, aunque confía en el nuevo vínculo con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
Respecto de este punto, desde hace pocos meses rige un convenio entre ambos organismos, con el objetivo “agilizar y coordinar” las acciones de persecución e investigación. Ambos funcionarios aseguran que hay pesquisas conjuntas en marcha.
En ese sentido, Juan Manuel Delgado, titular del Ministerio Público Fiscal, confirmó que “hay una previsión” respecto de un “eventual derrame” de acciones de narco hacia Córdoba.
El despliegue más ordenado está a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que tiene bajo su jurisdicción la persecución del narcomenudeo, aunque no del narcotráfico, que se mantiene bajo la órbita federal.
Esta fuerza, considerada de elite por su equipamiento y entrenamiento, fue pertrechada recientemente con 30 efectivos enviados por la Policía de la Provincia. La FPA destinó 80 efectivos para reforzar los puestos móviles del sudeste cordobés, región que tiene como punto neurálgico la ciudad de Marcos Juárez.
Allí se instalará una sede de la FPA una vez que el Ministerio de Obras Públicas culmine la obra civil. El proyecto ya fue terminado, pero hay que esperar la licitación de la obra. La Fiscalía General pidió que el edificio fuera prioritario. Por ahora, mantiene tres puestos móviles en la zona, además de los investigadores.
